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La Policía podría usar Malware para espiar ordenadores, smartphones y tablets

Según lo que se puede visualizar en el borrador de anteproyecto de Código Procesal Penal del Ministerio de Justicia las reglas del juego vuelven a cambiar hasta el punto de volver a difuminar los derechos constitucionales de los ciudadanos frente a la persecución de delincuentes así como delitos tecnológicos.

Con esta modificación se abriría la posibilidad de que los jueces puedan autorizar a la policía a que ésta pueda realizar la instalación de troyanos y malware en los ordenadores de los ciudadanos que estén bajo investigación para poder obtener la información que puedan contener sus equipos o acceder a través de ellos.

Según este borrador en el cual también quedarían reflejados otros dispositivos como tabletas o teléfonos móviles, sería autorizado para aquellos delitos cuyas penas máximas pudieran ser superiores a tres años siempre que el juez justifique la proporcionalidad de la intervención que pueda suponer este tipo de instalación de malware para delitos de cibercrimen, terrorismo o bandas organizadas (al menos inicialmente).

A día de hoy solo Alemania tiene aprobada una regulación similar pero únicamente para casos de terrorismo y diferente a las formas utilizadas en EEUU donde se pide autorización para poder investigar a una persona a través de los servicios que esta use aunque en este caso pueden ser hasta ciudadanos de otros países.

Brigada de Investigación Tecnológica

La instalación de este troyano en el ordenador de una persona se realizaría de forma remota y telemática y siempre sin conocimiento del titular o usuario del equipo.

Sobre este borrador, aunque no hay una decisión tomada puede ser el comienzo de los recortes de libertad teniendo en cuenta las posibilidades que puede facilitar a la policía la instalación de un spyware o troyano, desde el acceso al correo electrónico, cuentas en redes sociales como Facebook, Twitter, etc, tus contactos, tus programas instalados, la localización del usuario o lugares frecuentados (a través de Google Latitude, FourSquare o las etiquetas de posicionamiento en las fotos realizadas) lo almacenado en la nube, tus cuentas bancarias, etc. Es decir, acabar con toda la privacidad del usuario sea o no vinculante en el caso que se esté investigando.

Es decir, a diferencia de en EEUU donde se solicita autorización a los proveedores o compañías como puede ser el caso de una operadora o compañías como Google, en España a través de este software se podrá acceder a todo tipo de datos, cuentas y aplicaciones sean o no relevantes en la investigación o sea o no culpable dicho usuario. Es decir, pongamos que una investigación sea iniciada a una persona por ser un supuesto organizador de manifestaciones vía Facebook o similar y de este modo además de ello se podría encausar por descargas ilegales, fotos inadecuadas, una conversación que pueda ser considerada como terrorista, etc.

Aunque puede ser algo muy discutido, a modo de opinión por parte de este redactor considero preocupante y problemático el inicio de este tipo de actividades donde los derechos fundamentales de los ciudadanos pasan a un segundo plano en el que tanto las fuerzas del orden como las jurídicas tienen barra libre a la hora de consultar y recopilar todos los datos confidenciales de una persona.

Esto no tiene relación alguna con la reciente oleada de spyware y malware que se ha difundido haciéndose pasar por la Policía Nacional, el de verdad posiblemente no sea visible ni detectable tan fácilmente.

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